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En medio de protestas, PRI, aliados y PAN dividido aprobaron la Ley de Seguridad Interior

 

Después de cinco horas y 42 oradores, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley de seguridad interior que busca regular las tareas de soldados y marinos en el combate al crimen y establece el mecanismo para autorizar su intervención.

En medio de protestas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales, dispensa de trámites y con la ausencia de 89 legisladores, se avaló el dictamen con 248 votos a favor del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, 115 en contra de la oposición y 48 abstenciones. Se presentaron 101 reservas y ninguna fue aprobada.

Este tema dividió el voto de las bancadas de oposición, por ejemplo, en el PAN, 14 legisladores votaron a favor, 17 en contra, 48 en abstención y 30 optaron por ausentarse; en este caso los diputados atendieron las instrucciones de los gobernadores de sus estados correspondientes.

En el PRD 39 legisladores votaron en contra, 12 ausentes y dos a favor, uno de ellos el diputado Waldo Fernández, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad nacional.

En diversas ocasiones a lo largo de la sesión se desplegaron dos mantas, una del PRD que decía la ley de seguridad interior atenta contra los derechos humanos, no a la militarización del país y otra de Morena con la leyenda “la paz y la tranquilidad son fruto d la justicia, no del uso de la fuerza.

Estuvieron aquí los integrantes del colectivo #SeguridadsinGuerra, quienes protestaron por considerar que es inconstitucional, generará más violencia, tiene deficiencias y propiciará violaciones a los derechos humanos y así gritaron a los diputados en la primera oportunidad.

En la legislación se indica que los actos realizados por las autoridades deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías. Agrega que Las movilizaciones de protesta o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la seguridad Interior ni podrán ser materia d declaratoria de protección de seguridad interior.

La información con motivo de la aplicación de la ley será considerada de seguridad nacional y en consecuencia reservada. Diputados de oposición acusaron que se busca militarizar al país. Agustín Basave acusó que se pretende legalizar el desastre y el error que ha propiciado un baño de sangre y que el país se haya convertido en un cementerio. Incluso el panista Jorge Triana acusó a priistas de calderonistas. En tribuna la diputada del PRI Mercedes Guillén rechazó estas afirmaciones.

La ley Establece el procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, indica que Corresponde a autoridades federales incluyendo las fuerzas armadas por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.

El presidente podrá ordenar por su decisión o a petición de las legislaturas de los estados o de los gobernadores, en caso de receso, la intervención de la federación en el territorio de una entidad o zona geográfica previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior en caso de que comprometan o superen las capacidades de las autoridades locales o bien cuando se originen por la falta o insuficiente colaboración de estados y municipios en la preservación de la seguridad nacional.

En Movimiento Ciudadano los diputados vistieron una playera que decía la guerra no hace la paz, el coordinador Clemente Castañeda lamentó que esta ley no contemple un calendario para el retiro de los soldados y marinos.

Ante los cuestionamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta ley, la diputada del PRI Martha Tamayo envió este mensaje al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez: que lea la ley y se despreocupe de violaciones a garantías ciudadanas. En respuesta, el perredista Jesús Zambrano lamentó lo que consideró amenazas y anticipó una acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH.

El acuerdo de la declaratoria deberá fijar la vigencia de la intervención, la cual no podrá exceder de un año, pero podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente mientras subsista la amenaza. Se determina en aquellos estados donde se encuentra el ejército y la marina atendiendo amenazas de seguridad interior. Se aplicará el procedimiento previsto, mientras esto ocurre las fuerzas armadas continuarán con las acciones que estén realizando.

La iniciativa fue turnada al senado. Se indica que cuando la amenaza sea un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de instituciones el presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias federales y fuerzas armadas.

Para la intervención se designará a un comandante de las fuerzas armadas participantes, se especifica que en ningún caso estas acciones de seguridad interior que realicen soldados y marinos se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Las entidades o municipios deberán atender las reuniones de coordinación y prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora, así como presentar informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

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Sara Pablo

Periodista.