Opinión

La nulidad electoral en Colima, ¿qué pasó?

Opinión

*Juan Martínez Veloz

La nulidad de la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Colima decidida por el Tribunal Electoral Nacional (TEPJF) en votación dividida relativa a los comicios celebrados el 7 de junio en términos generales debe apoyarse con respeto a las pruebas y razonamientos que obran en el expediente, sin embargo para los investigadores y analistas del tema electoral el caso plantea nuevas dudas y revive viejos debates (Tabasco 2000 y México 2006).

La nulidad de la elección obligara a realizar comicios extraordinarios en el Estado de Colima en los próximos meses.

En la elección de Gobernador de Colima compitieron por el cargo José Ignacio Peralta por el PRI, PVEM y Nueva Alianza y por el PAN el ex senador Jorge Luis Preciado.

La nulidad decretada por el TEPJF se fundamento en una causal genérica de nulidad conocida como “Nulidad Abstracta o “Nulidad por violación de principios” que por primera vez se aplico polémicamente en las elecciones de Gobernador de Tabasco en 2000.

Podemos definir a la Nulidad como una sanción jurídica expresa (relativa o absoluta) que la ley establece cuando se han violado u omitido las formas por ella ordenadas (elementos de validez) para la realización de un acto jurídico, al que como consecuencia, se le priva producir sus efectos jurídicos normales (se anula).

Las reformas electorales de 2007-2008 al artículo 99 (frac. II) constitucional obligan al legislador electoral federal y local a establecer en la ley expresamente la causal de nulidad de que se trate para no incurrir en las ambigüedades.

Establece la parte conducente del citado artículo constitucional:

“Las salas, Superior y regionales del Tribunal solo podrán declarar la nulidad de la elección por causales expresamente establecidas por las leyes”.

En la estructura del acto jurídico se pueden observar elementos de existencia y elementos de validez, todos estos requisitos son establecidos en la ley.

Entre los primeros se observan el consentimiento y el objeto, y su inobservancia ocasionará la inexistencia al acto jurídico; entre lo segundos podemos encontrar la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en la voluntad, el error, dolo y la falta de cumplimiento en la forma señalada por la ley. La falla de estos ocasionará la nulidad relativa o la nulidad absoluta.

Creemos que para ser creíble la nulidad electoral decretada por los tribunales tiene que demostrarse que los hechos o actos que dan origen a la actualización de la causal de “nulidad abstracta o de principios” establecida en la ley electoral deben ser ordenados directamente por el candidato que resulte ganador; de lo contrario actos de terceros (a titulo personal) puedan dar origen a la actualización de la nulidad con el ánimo precisamente de perjudicar al candidato ganador y nulificar el resultado electoral.

Esta parece ser la situación de la elección en Colima. Los actos de funcionarios del Gobierno del Estado, aparentemente queriendo beneficiar, perjudicaron al candidato del PRI pues dieron lugar a que se actualizara la causal de nulidad prevista en la ley electoral local.

El caso Colima obliga a contrastarlo con otros similares del pasado: Tabasco 2000 y elección presidencial 2006. Las preguntas obligadas son ¿En que son similares y en que son diferentes a Colima 2015?

A reserva de hacer un estudio mas particular de esos casos, lo que sí se sabe y fue un hecho notorio es que en la elección presidencial de 2006, el PAN se opuso a la apertura total de paquetes electorales (hecho que en Colima 2015 si existió) y el TEPJF no decreto la nulidad de la elección presidencial.

Algo no funciono bien en 2006 ¿La ley vigente se quedo corta? ¿La jurisprudencia de la época fue rebasada? ¿Falto voluntad política de Felipe Caderón? ¿El PRI (como tercero interesado) pudo haber hecho más por la legalidad y legitimidad de la elección?

Tampoco la solución de AMLO de autoproclamarse “presidente legitimo” y desconocer los resultados electorales fue una buena idea en aquel tiempo (no se comparte, aunque se respeta el derecho a disentir dentro de la ley).

Asimismo, debe reconocerse que cualquier triunfo por menos de 5% de votación del ganador y más cuando este (el ganador) sea el partido en el poder, siempre va a ser impugnable legítimamente por el perdedor como sucedió en Colima 2015.

En términos generales hay que felicitar al TEPJF por la sentencia, al PRI (Manlio Fabio Beltrones) por su actitud institucional en la controversia y al PAN (Ricardo Anaya) pedirle una explicación (con ánimo autocritico y académico) de ¿Que no se hizo adecuadamente en 2006? situación que puede volver a repetirse en una futura elección presidencial.

Seguiremos comentando:

juanmartinez_veloz@yahoo.com

*JUAN MARTÍNEZ VELOZ es doctor en derecho por la UNAM. Ex magistrado electoral.
Analista político experto en temas materia electoral

 

 

Previous post

Delitos de alto impacto han disminuido 12.4 por ciento en el DF, reconocen diputados

Next post

Automovilista atropella peregrinación, nueve heridos

admin